La Guerra Civil Española
1.
INTRODUCCIÓN.-
La
Guerra Civil Española dio comienzo en julio de 1936, a
raíz de la sublevación de un sector del Ejército contra el gobierno de
la II República española, y que concluyó el 1 de abril de 1939 con
la victoria de los rebeldes. El triunfo de éstos permitió la
instauración de un régimen dictatorial encabezado por el general
Francisco Franco, principal dirigente militar y político de los
sublevados, que sustituyó al sistema parlamentario republicano.
2.
CUESTIONES TERMINOLÓGICAS
Aunque para definir el conflicto se prefiere, sobre todo desde la década
de 1960, la denominación "guerra civil", ésta no fue la única
utilizada por la reciente historiografía española o por los propios
combatientes. También recibió otros nombres: movimiento cívico militar,
Cruzada, guerra de tres años, guerra nacional y revolucionaria del pueblo
español, entre otros. Son nombres todos ellos que ocultan el
"enfrentamiento de dos entusiasmos" al que se refirió el
historiador británico Raymond Carr. Esos nombres esconden dos
concepciones en cierto modo ya presentes en los resultados de las
elecciones celebradas en febrero de 1936 —que supusieron el triunfo, por
un corto número de votos, de la coalición de izquierdas agrupada en el
Frente Popular— y que se venían gestando desde la proclamación de la
II República en abril de 1931.
Ningún acontecimiento como éste repercutió tanto en la opinión
internacional hasta entonces, convirtiéndose en uno de los episodios
históricos que ha dado lugar a un mayor número de publicaciones. La
"guerra de tinta", en expresión del historiador y diplomático
español Salvador de Madariaga, fue desde el principio una guerra de
propaganda con dos tipos de valoraciones propiciadas desde los dos bandos
participantes en la contienda. La muy distinta versión informativa que
expresaba un mismo periódico editado en ambas zonas —la cabecera del
diario ABC, que aparecía al tiempo en el Madrid republicano y en la
Sevilla dominada por los sublevados— puede servir como ejemplo de la
ruptura o enfrentamiento nacional existente. Otro tanto cabe decir de las
revistas culturales —antifascistas y azules, respectivamente—
publicadas durante el trienio, sin olvidar las manifestaciones del teatro,
del cine y del cartelismo, así como los símbolos, consignas y mensajes
difundidos durante el conflicto y después de su conclusión.
3.
DE LOS TRES DÍAS DE JULIO A LA GUERRA LARGA.-
Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos
zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados.
Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de
febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en
aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de
derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral
correspondió al Frente Popular. El "Alzamiento" (nombre dado
por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno constitucional
republicano) comenzó el 17 de julio en la ciudad norteafricana de
Melilla. Las unidades militares destacadas en Marruecos que no controlaba
el gobierno republicano se hicieron pocas horas después con Tetuán y
Ceuta. El general Francisco Franco partió el día 18 desde las islas
Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada (Dragon Rapide). Ese mismo
día se sublevaron los mandos militares de otras divisiones peninsulares;
sin embargo, el levantamiento fracasó en las principales ciudades del
país. Por otro lado, el 20 de julio de ese mismo año, recién comenzada
la sublevación, falleció en un accidente de aviación el que había sido
designado por los conspiradores jefe de la rebelión, el general José
Sanjurjo.
Desde el día 18, ni el gobierno ni los rebeldes controlaban la totalidad
del país. En un principio, la sublevación dejó en manos de los rebeldes
Galicia, Navarra, Álava, el oeste de Aragón, las islas Baleares (excepto
Menorca) y las Canarias, así como la zona del protectorado español sobre
Marruecos, buena parte del territorio de lo que hoy es la comunidad
autónoma de Castilla y León, casi toda la provincia de Cáceres y
algunas poblaciones de Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi
toda Andalucía, el País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la
ciudad de Oviedo) y Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los
territorios de las actuales comunidades autónomas de Cantabria,
Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme
avanzó la contienda, el poder republicano perdió zonas que, desde
finales de marzo de 1939, pasaron íntegras a disposición del Ejército
franquista.
De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan
establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en
el que participaron mandos militares —la antirrepublicana Unión Militar
Española (UME) y la Junta de generales (de la que Emilio Mola era el 
coordinador)—
monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema
derecha. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder del derechista Bloque
Nacional y participante activo en la conspiración contra el gobierno, que
tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio, fue el episodio previo al
pronunciamiento militar.
Pronto pudo comprobarse que el plan conspirador había fracasado y que el
pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra
larga y cruel de tres años. Durante este trienio las operaciones
militares permitieron establecer un desarrollo cronológico, a partir del
paso del estrecho de Gibraltar por las tropas del Ejército de África
mandadas por el general Franco (julio-agosto de 1936), con tres fases
principales. La primera muestra la importancia que ambos bandos otorgaron
a la ocupación de Madrid, ciudad que, en consecuencia, pronto fue motivo
de asedio por las tropas insurrectas (dando lugar a la conocida como
batalla de Madrid). La estrategia de los sublevados, que pretendía
acceder a la capital desde el norte y desde el sur, fracasó. Una acción
importante en esta primera fase, que en seguida quedaría en el elenco de
"mitos" de la contienda, fue la liberación de los rebeldes
asediados en el Alcázar de Toledo (28 de septiembre de 1936), defendido
desde el 22 de julio por el coronel José Moscardó ante el acoso de las
tropas republicanas. Contando con las fuerzas de África, así como con la
ayuda alemana e italiana, Franco había avanzado previamente sobre
Andalucía y conseguido ocupar en agosto las plazas extremeñas de Mérida
y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo
largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la
frontera francesa al ocupar la ciudad guipuzcoana de Irún a principios de
septiembre.
La segunda fase no abandonó la marcha sobre Madrid. Pero la batalla de
Guadalajara (finales de marzo de 1937) se saldó con el éxito
republicano, que tuvo presente el plan de ofensiva previsto por el general
José Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Los alzados decidieron
entonces centrar sus principales operaciones en el norte. Con el apoyo
decisivo de la aviación integrada en la Legión Cóndor alemana, que
realizó una salvaje agresión a la localidad vizcaína de Guernica (26 de
abril de 1937), las tropas rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el
llamado "cinturón de hierro") el 19 de junio de 1937, pocos
días más tarde del fallecimiento del general Mola en accidente de
aviación. En agosto (un mes después de obtener la victoria en la batalla
de Brunete), esas mismas tropas entraron en Santander y, en octubre,
tomaron las ciudades asturianas de Gijón y Avilés, con lo que los
rebeldes completaban la última etapa de la ocupación de la zona norte.
A partir de finales de 1937 comenzó la tercera fase. Los republicanos,
siguiendo los planes del general Vicente Rojo, conquistaron en enero de
1938 Teruel, ciudad que no obstante perdieron al mes siguiente. En julio
de ese año comenzó la dura y decisiva batalla del Ebro, en la que la
derrota del Ejército republicano (noviembre de 1938) dejó despejada la
ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos
días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona,
para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera francesa y ocupar los
pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Girona). La ofensiva final
(febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las posiciones
republicanas todavía pendientes, situadas en la zona centro y en el sur
peninsular. A principios de marzo de ese año fracasó el criterio de
mantener la resistencia defendido por el presidente del gobierno
republicano, Juan Negrín, debido a la creación en Madrid del Consejo
Nacional de Defensa. Este organismo, que encabezó el jefe del Ejército
del Centro, el coronel Segismundo Casado, destituyó a Negrín y procuró
alcanzar una paz honrosa con el gobierno franquista de Burgos después de
hacerse con el control de Madrid mediante un cruento enfrentamiento entre
las propias tropas republicanas. Sin embargo, no prosperaron sus gestiones
encaminadas a lograr una paz acordada. Las tropas franquistas entraron en
Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano
perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra
había terminado, no así las represalias.
4.
DESARROLLO POLÍTICO DE LA CONTIENDA.-
Si toda guerra reclama prestar atención a los "hechos de
armas", necesariamente conviene asimismo atender al entramado
político que determinó las actuaciones de cada bando. Mucho más si,
situados en el final del conflicto, tenemos en cuenta la agonía de la
experiencia republicana y el proceso que se inició de forma inmediata
tras el estallido de la guerra y que permitió la implantación de un
nuevo Estado dirigido por el general Franco.
Por parte del gobierno republicano, la jefatura pasó sucesivamente de
manos del azañista y dirigente de Izquierda Republicana, José Giral (19
de julio de 1936), a Francisco Largo Caballero (5 de septiembre de 1936) y
de éste a Juan Negrín (desde el 18 de mayo de 1937 hasta el final de la
guerra) —los dos últimos pertenecientes al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)—, en lo que bien puede definirse como una pugna entre
dos prioridades: desarrollar un proceso revolucionario o apostar por ganar
la guerra primero.
Manuel Azaña, presidente de la República, sustituyó el 19 de julio de
1936 al dimitido presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga por
Diego Martínez Barrio, quien no llegó a jurar el cargo. No obstante,
Azaña nombró ese mismo día a José Giral jefe del gabinete. Tan pronto
como este último asumió las responsabilidades de gobierno, la autoridad
del poder central se descompuso y se crearon numerosos poderes locales de
carácter popular y espontáneo que generaron divisiones intensas y
supusieron la pérdida de la unidad política e incluso militar en el
ámbito republicano.
El debilitamiento de autoridad, al que aludiría el propio Azaña en su
obra teatral La velada de Benicarló (1937), y los avances de las fuerzas
rebeldes, explican el cambio de Giral por Francisco Largo Caballero
(septiembre de 1936), que ejercía su prestigio y autoridad sobre los
obreros principalmente desde la dirección de la Unión General de
Trabajadores (UGT), el sindicato afín al PSOE. Largo Caballero hizo
cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria y formó un
gobierno de concentración con presencia de socialistas, comunistas, una
minoría de republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses
después incorporó a militantes de la central obrera anarcosindicalista
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en
Aragón, Cataluña y Valencia. Con todo, el enfrentamiento entre las dos
tendencias ya aludidas (revolución o guerra) —y ello pese a que durante
el gobierno de Largo Caballero mejoró la coordinación en el Ejército
republicano— dio al traste con esta experiencia porque fue incapaz de
hacer amainar las disputas entre las principales corrientes políticas de
la coalición gubernamental.
En mayo de 1937, Azaña puso las riendas del gobierno en manos de Negrín,
que pronto sería acusado de estar dominado por los comunistas. Negrín
prescindió de inmediato de los anarcosindicalistas y orientó su gestión
hacia la victoria militar; la revolución debía esperar. Pero los
avatares bélicos desencadenaron una nueva crisis gubernamental en abril
de 1938. Desde entonces, Negrín pasó a desempeñar también el cargo de
ministro de la Defensa Nacional (anterior Ministerio de la Guerra), que
venía ejerciendo el socialista Indalecio Prieto. Los "trece puntos
de Negrín" (nombre por el cual fue conocido el acuerdo propuesto por
el presidente del gobierno republicano a las fuerzas franquistas, como
base de una posible negociación), promulgados el 1 de mayo de ese año,
en un afán por restablecer una democracia consensuada sobre principios
alejados del conflicto bélico, no consiguieron recomponer la unidad del
Ejército republicano ni sostener el escaso apoyo internacional,
debilitado a medida que se retiraban los voluntarios extranjeros que
habían formado parte de las Brigadas Internacionales.
El éxito definitivo de la ofensiva franquista sobre Cataluña, a
principios de
febrero de 1939, impidió que dieran fruto las garantías que el gobierno
republicano pedía de cara a la paz: independencia de España y rechazo de
cualquier injerencia exterior, que el pueblo pudiera decidir libremente
acerca del futuro del régimen, así como garantía de evitar
persecuciones y represalias después de la guerra. Estas condiciones
propuestas por Negrín en las Cortes reunidas el 1 de febrero de 1939 en
Figueras (Girona) no fueron aceptadas por el gobierno de Burgos, que
presumía concluir la guerra en breves días. En efecto, la reunión de
las Cortes republicanas en Figueras fue la última que tuvo lugar en suelo
español. Antes de esa fecha se celebraron reuniones de las Cortes en
distintas sedes, dependiendo de las propias circunstancias militares de la
contienda. Las primeras tuvieron lugar en Valencia (diciembre de 1936 y
febrero y octubre de 1937), en tanto que las postreras se produjeron en
distintas zonas del territorio catalán, tales como Montserrat (febrero de
1938), San Cugat del Vallés (septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de
1938).
En
lo que respecta a la zona sublevada (denominada "nacional" tanto
por las propias fuerzas rebeldes como por la historiografía favorable a
las mismas), se dictaron paulatinamente medidas políticas al compás de
las acciones bélicas, que fueron aplicadas en los territorios ocupados
desde el principio y en todos aquellos que se incorporaban tras los
éxitos militares rebeldes. La primera y pronta medida adoptada por los
insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el
24 de julio de 1936, que presidió el general Miguel Cabanellas por ser el
militar más antiguo e integraron en calidad de vocales los generales
Emilio Mola, Fidel Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles
Fernando Moreno y Federico Montaner.
A
finales de septiembre de ese año, la Junta de Defensa Nacional designó a
Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas (principal jefe militar de
las mismas) y jefe del gobierno. Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo
oficial el acceso de Franco a la jefatura militar y política de quienes
se autodenominaban "nacionales", cargos a los que él mismo
unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo su complemento en el llamado
Decreto de Unificación (19 de abril de 1937), por medio del cual se creó
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva
Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política
legal del nuevo régimen —llamado "Movimiento Nacional" por
sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y tradicionalistas
(carlistas). Esa operación política agudizó las tensiones latentes
entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera ajusticiado
por los republicanos José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe
nacional de Falange Española. El nuevo jefe nacional falangista, Manuel
Hedilla, se opuso al decreto unificador, por lo que fue arrestado junto
con sus seguidores.
En
enero de 1938 se formó el primer gobierno "nacional" presidido
por Franco, tras la disolución de la Junta Técnica de Estado, que había
sido creada en octubre de 1936 inicialmente como una entidad de apoyo
gubernamental a la primigenia Junta de Defensa Nacional. El primer
gobierno franquista estuvo compuesto tanto por militares como por figuras
civiles falangistas, tradicionalistas y monárquicas. Entre sus miembros
cabe destacar a los generales Francisco Gómez Jordana (vicepresidente del
gobierno y ministro de Asuntos Exteriores), Severiano Martínez Anido
(responsable del Ministerio de Orden Público) y Fidel Dávila (ministro
de la Defensa Nacional), al ingeniero naval Juan Antonio Suances
(encargado del Ministerio de Industria y Comercio), así como al abogado y
cuñado de Franco Ramón Serrano Súñer (ministro de Interior y
secretario del Consejo de Ministros), al notario y falangista Raimundo
Fernández Cuesta (responsable del Ministerio de Agricultura) y al
escritor y político monárquico Pedro Sainz Rodríguez. Asimismo, el 9 de
marzo de 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, que acabada la guerra
alcanzaría el rango de ley fundamental y, por tanto, entraría a formar
parte del peculiar constitucionalismo propio del franquismo.
5.
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.-
Si bien es cierto que la guerra comenzó como un conflicto interno
"nacido en suelo español y a la manera española" (en palabras
de Salvador de Madariaga), no pudo mantenerse ajena al entorno
internacional debido a sus propias raíces ideológicas. Ambos bandos
reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras, según el
panorama existente en la alineación del mundo en la década de 1930,
hasta el extremo de que algunos vieron en el conflicto un prólogo de un
nuevo enfrentamiento mundial. Si no lo fue, al menos consiguió implicar a
la mayoría de partidos políticos y potencias europeas. Hoy nadie pone en
duda que la intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la
contienda como al futuro del "Movimiento Nacional". La primera
fase de urgencia (julio-agosto de 1936) llevó, por un lado, al gabinete
presidido por Giral a solicitar el auxilio del gobierno del Frente Popular
francés (presidio por el socialista Léon Blum) y, por el otro, a los
rebeldes a concretar el inicial apoyo prestado por Italia (gobernada por
el fascista Benito Mussolini) y Alemania (con el nacionalsocialista Adolf
Hitler en el poder).
El
Frente Popular español contó con el apoyo primigenio de Francia y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, el
temor del gobierno francés a crear una situación conflictiva en todo el
continente frenó su ayuda y se acogió a la política de no intervención
que, propugnada por el gobierno británico, asimismo acabaría aplicando
la Sociedad de Naciones. Francia cerró su frontera a la entrada de
material bélico destinado a cualquiera de los contendientes, con lo que
en realidad perjudicó notablemente al gobierno republicano. Por su parte
la URSS, gobernada por Iósiv Stalin, tras comprobar la participación
activa y directa de italianos y alemanes, rechazó la política de no
intervención. Su apoyo resultó fundamental en blindados, aviones y
equipos de asesores militares. En tanto que los rebeldes recibieron
aviones, armamento y combatientes de Italia y Alemania (valga como ejemplo
la Legión Cóndor), así como la ayuda de los voluntarios portugueses,
enviados por el gobierno encabezado por António de Oliveira Salazar,
además de otras colaboraciones.
Entre los auxilios recibidos por el gobierno republicano merecen
recordarse las Brigadas Internacionales: la III Internacional (también
conocida como Komintern) creó un comité internacional para organizar a
sus miembros, que contó con la participación de los dirigentes
comunistas Palmiro Togliatti y Josip Broz (Tito). Participaron en ellas
voluntarios de distintos países movidos por sentimientos antifascistas,
cuyo número es difícil de precisar (tal vez, unos 40.000) a causa de los
relevos producidos en sus filas durante el transcurso de la guerra. El
centro de reclutamiento estuvo en París y entre sus gestores cobró
especial relieve el dirigente comunista francés André Marty. Los
primeros brigadistas llegaron al puerto español de Alicante en octubre de
1936 para continuar hasta Albacete, en donde se formó la XI Brigada, que
pronto participó en la batalla de Madrid. Su intervención al lado de la
causa republicana duró hasta octubre de 1938.
En
medio de todo este proceso destacó de manera especial lo que se conoció
como la política de no intervención asumida por la Sociedad de Naciones,
que, en principio, suponía la prohibición de exportar cualquier material
de guerra, sin más compromisos por parte de los gobiernos. En septiembre
de 1936 nació en Londres el Comité de No Intervención, integrado por
los embajadores residentes en la capital británica con el objeto de
reducir el conflicto al ámbito nacional. Sin embargo, a la vista de las
numerosas violaciones del compromiso, las medidas adoptadas por el Comité
de No Intervención no resultaron efectivas y, desde luego, no impidieron
que las potencias extranjeras apostaran por uno u otro contendiente, si
bien la mayor beneficiada de la actitud de las democracias occidentales
acabó siendo la causa franquista, auxiliada de forma reiterada por las
potencias del Eje.
Por
lo que se refiere al apoyo soviético, la financiación de los suministros
bélicos entregados al gobierno republicano se relacionó con las reservas
del Banco de España. Dos terceras partes del oro guardado en el banco
nacional salieron hacia Moscú, en concepto de depósito primero, y como
pago por aquellos suministros posteriormente. El famoso "oro de
Moscú" sería un asunto controvertido y utilizado como propaganda
por el gobierno franquista. Mientras éste recibió a crédito suministros
alemanes e italianos, que fueron abonados en parte después de finalizar
la guerra, el gobierno republicano agotó las reservas para pagar la ayuda
soviética.
6.
CONSECUENCIAS BÉLICAS.-
La principal consecuencia de la Guerra Civil española fue la gran
cantidad de pérdidas humanas (tal vez más de medio millón), no todas
ellas atribuibles a las acciones propiamente bélicas y sí muchas de
ellas relacionadas con la violenta represión ejercida o consentida por
ambos bandos, entre las que se pueden incluir también las muertes
producidas por los bombardeos sobre poblaciones civiles.
En un nivel inmediatamente inferior se puede considerar como consecuencia
destacada el elevado número de exiliados producido por el conflicto.
Algunas de las principales figuras políticas constituyeron durante muchos
años el gobierno republicano en el exilio, de entre cuyos más destacados
miembros cabe mencionar al nacionalista gallego y escritor Alfonso
Rodríguez Castelao, al socialista Fernando de los Ríos, al comunista
Joan Comorera, o a los propios José Giral y Juan Negrín, quienes, al
igual que los socialistas Luis Jiménez de Asúa y Rodolfo Llopis,
presidieron dicho gabinete, por no olvidar a Diego Martínez Barrio, que
entre 1945 y 1962 ejerció el cargo de presidente de la República en el
exilio.
En lo que respecta al aspecto económico, las consecuencias principales
fueron la pérdida de reservas, la disminución de la población activa,
la destrucción de infraestructuras viarias y fabriles, así como de
viviendas —todo lo cual provocó una disminución de la producción—,
y, en fin, el hundimiento parcial del nivel de renta. La mayoría de la
población española hubo de padecer durante la contienda y, tras terminar
ésta, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, los efectos del
racionamiento y la privación de bienes de consumo.
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