La II República Española
1.
INTRODUCCIÓN.-
La
Segunda
República española constituye un periodo histórico comprendido entre el 14 de abril
de 1931, cuando tuvo lugar la proclamación republicana, y el 18 de julio
de 1936, momento en el que se desató el alzamiento militar que acarreó
los tres años de la Guerra Civil y la definitiva liquidación del
régimen republicano el 1 de abril de 1939.
2.
EL ADVENIMIENTO DE LA REPÚBLICA.-
Desde la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera, acaecida en enero
de 1930, hasta la instauración de la II República, transcurrieron
catorce meses en los que se mostró la inviabilidad de una nueva fórmula
dictatorial y la necesidad de retornar gradualmente a la senda
constitucional truncada con el pronunciamiento militar de 1923. Bajo esta
perspectiva restauradora y defensiva se gestaron, en los epílogos de la
monarquía de Alfonso XIII, propuestas respaldadas desde la presidencia
del gobierno por el general Dámaso Berenguer y por su sucesor, el
almirante Juan Bautista Aznar, consistentes en la elaboración de un
calendario electoral que, a la postre, sería el responsable del vuelco en
la forma de gobierno de España. El llamado Pacto de San Sebastián
(agosto de 1930) y la creciente oposición de muchos españoles dispuestos
a caminar por derroteros democráticos contribuyeron a acelerar el ritmo
inicialmente previsto. La convocatoria a las urnas fijada para el 12 de
abril de 1931 rebasó, en opinión de los analistas, una simple cita al
relevo municipal para convertirse en un auténtico plebiscito a favor o en
contra de la monarquía. El aplastante triunfo obtenido en estas
elecciones por los republicanos en las capitales de provincia y centros
neurálgicos de decisión supuso, pese al mayor número de concejales
monárquicos elegidos a nivel nacional, el fin del reinado de la Casa de
Borbón, con la consiguiente salida de Alfonso XIII del país y el
advenimiento pacífico de la República española, es decir, de la que en
realidad era la segunda experiencia republicana en España, toda vez que,
en 1873 y principios de 1874, había tenido lugar el desarrollo de la que
pasó a conocerse como I República.
3.
EL BIENIO REFORMADOR O REPUBLICANO-SOCIALISTA (1931-1933)
Las elecciones generales a Cortes Constituyentes convocadas por el
gobierno provisional para el 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a los
socialistas (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) y a pequeños
partidos republicanos (radicalsocialistas, Acción Republicana),
encargados de formar un nuevo gabinete presidido por Niceto Alcalá
Zamora. La redacción de un texto constitucional adaptado a las nuevas
reglas del juego ocupó durante estos meses de rodaje los principales 
desvelos
de los líderes políticos, logrando aprobar antes de fin de año, y tras
vencer numerosos tropiezos, el articulado definitivo. La Constitución del
9 de diciembre de 1931, que definía España como una "República de
trabajadores de toda clase" en expresiva alusión a las contrapuestas
percepciones de la realidad nacional, fue fruto de un laborioso consenso y
uno de los escasos ejemplos del constitucionalismo español que implicaba
una encendida defensa de la democracia representativa y de las libertades
(soberanía popular, sufragio universal masculino y femenino,
aconfesionalidad del Estado, derechos individuales y sociales).
La convicción gubernamental del reto que entrañaba elevar la renqueante
España de la década de 1930 a la altura de las potencias occidentales de
su entorno inspiró una política reformista identificadora del talante
dominante en este bienio. Entre las medidas reseñables cabe indicar la
reforma militar acometida por Manuel Azaña, a la sazón presidente del
gobierno y responsable del Ministerio de Guerra, tendente a racionalizar
el anticuado e hipertrofiado Ejército español. La oportunidad en el
fondo y en la forma de estas disposiciones, reconocida por la mayoría de
los historiadores, contrastó con la falta de tacto de los nuevos
responsables públicos al abordar la reforma religiosa. El ajuste de
competencias en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado
acabó por ser una grave equivocación política, como admitirá más
tarde el propio Azaña, y sirvió de piedra angular de una orquestada
campaña en contra del régimen tachado de anticlerical y revanchista.
Junto a avanzados decretos de carácter socioeconómico provenientes del
Ministerio de Trabajo regido por Francisco Largo Caballero, la reforma
agraria orientada a un cambio profundo en la estructura de la propiedad de
la tierra obtuvo escasos resultados debido a su burocratización, a los
limitados instrumentos para su puesta en práctica y a la oposición a
ultranza de los terratenientes. Mayor imaginación mostró la
estructuración territorial del Estado, diseñada bajo una fórmula
autonómica (Estado integral) con posibilidad de autogobierno para las
regiones solicitantes. Cataluña, con su Estatuto de Autonomía votado por
las Cortes en septiembre de 1932, aprovechando el impacto psicológico del
conato golpista conocido como la Sanjurjada (protagonizada por el general
José Sanjurjo), fue la primera comunidad en disfrutar de hecho de esta
nueva vía descentralizadora, muy por delante del País Vasco, que hubo de
aguardar al estallido de la Guerra Civil, en tanto que Galicia no llegó a
ver refrendada por las Cortes la aprobación plebiscitaria de su Estatuto
llevada a cabo el 28 de junio de 1936. La educación, en especial el nivel
de la enseñanza primaria, así como aspectos relativos a la Hacienda y la
fiscalidad fueron otros ámbitos remozados, con desiguales bríos, en este
apretado bienio.
Tras la disolución de las Cortes (Parlamento) efectuada por el presidente
de la República, Alcalá Zamora, las elecciones generales celebradas en
noviembre de 1933 pusieron de relieve la coordinada reacción que habían
creado frente a este paquete de medidas los grupos más conservadores de
la sociedad española y el acierto de la derecha al agruparse bajo las
siglas comunes de la Confederación Española de Derechas Autónomas
(CEDA), clave de su espectacular victoria en esa consulta.
4.
EL BIENIO RESTAURADOR O RADICAL-CEDISTA (1933-1935)
La principal preocupación del bienio liderado por cedistas y radicales
(estos últimos, miembros del Partido Radical) estribó en el
desmantelamiento de la obra reformista precedente, considerada en
términos sociales y religiosos nefasta para los intereses de España.
Esta marcha atrás se detecta, con nitidez, en leyes como la denominada
‘contrarreforma agraria’ del ministro de Agricultura Nicasio Velayos
(1 de agosto de 1935), que convirtió en papel mojado lo legislado en la
etapa anterior. Los acontecimientos desarrollados en Asturias y Cataluña
durante el otoño de 1934 (Revolución de Octubre) agudizaron la
crispación de amplios sectores sociales cada vez más radicalizados, a
cuyo apaciguamiento poco contribuyeron las posiciones del ala caballerista
del socialismo (seguidores de Largo Caballero) y de los extremistas de la
ultraderecha. Una nueva disolución de las Cortes decretada en diciembre
de 1935 posibilitó en las elecciones de febrero de 1936 el triunfo de las
izquierdas coaligadas para esta ocasión en el unificado Frente Popular,
amén de la sustitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la
República por Azaña mediada la primavera.
5.
EL FRENTE POPULAR Y EL CAMINO HACIA LA GUERRA (FEBRERO-JULIO DE 1936)
Al revisionismo anterior, los dirigentes frentepopulistas contrapusieron
la agilización de la reforma agraria mediante la legalización de las
ocupaciones de fincas y un intento de arbitraje entre las reivindicaciones
extremas populares y la oposición derechista. En una dinámica de
ascendente crispación, el asesinato del dirigente de extrema derecha
José Calvo Sotelo, ocurrido el 13 de julio, motivó una alteración en
los planes estratégicos del general Emilio Mola Vidal y de los demás
conspiradores antirrepublicanos, así como el adelanto del golpe militar
al 18 de julio. Éste será el inicio de la Guerra Civil, que culminó con
la victoria franquista en abril de 1939, punto final de la azarosa
experiencia republicana y puerta de acceso a cuatro décadas de
autoritarismo y poder personal en España.
Microsoft
Encarta 2001
